El 80% de pederastas pueden quedar impunes con la reforma de la LECRIM

         El Congreso ha aprobado una reforma de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (es de 1882). En ella introduce apartados muy necesarios para la investigación de delitos a través de Internet que serán muy bienvenidos.

         Lo preocupante es que, al mismo tiempo, los políticos han añadido una serie de artículos para protegerse de las investigaciones contra la corrupción. Uno de ellos es cuestión de semántica: el cambio de la palabra "imputado" por "investigado", para evitar el desprestigio que dicho término causa a los corruptos. En dos meses, el menoscabo de la una habrá pasado a la otra y todo seguirá igual.

         Más grave es el recorte de los plazos. Cansados de que los juzgados tengan tiempo para investigar y que ello saque los trapos sucios de los partidos y de los que los componen, han reducido el tiempo que tiene un juez a seis meses para investigar una causa sencilla y al triple para una compleja. Este tiempo se puede prorrogar por otro de igual duración si lo proponen alguna de las partes (fiscal, acusación, abogado...), pero no el propio juez de instrucción. Aquí tenemos dos piedras en una: algunas pruebas tardan más de ese periodo y, de paso, si por motivo de plazos una solicitud de prórroga no llega a tiempo, todo el asunto se cerrará y los corruptos podrán irse a casita incólumes.

         En su afán de protegerse (de evitar nuevas Púnicas, Gúrtels o EREs) han olvidado los daños colaterales que van a causar: cualquier investigación contra la pederastia online (y de la mayoría de delitos tecnológicos) dura más de seis meses y, a menudo, de dieciocho. Cada vez que se piden mandamientos, necesarios en España —al contrario que en la mayoría de nuestro entorno— para conocer el titular de una IP, pasan semanas hasta que el Juzgado puede responder (están saturados de trabajo) y, a veces, meses hasta que la operadora en cuestión responde.

         No solo eso: cada investigación da lugar a un registro domiciliario o más y el análisis del material encontrado, si se quiere hacer bien, puede tardar seis o siete meses, eso dedicando personal en exclusiva y contando que no haya demasiados discos duros.

         Si del análisis de ese material, como es habitual, se desprende en hallazgo de nuevos abusadores de niños, va a ser imposible enjuiciarlos. ¿Realmente es eso lo que querían conseguir?

         La solución a la lentitud de la Justicia en España va por otro lado. El primero, dotar de MEDIOS adecuados, tanto humanos como materiales (que todo se haga mediante papel, fax y telegramas es inconcebible: debería estar informatizada cada conexión entre juzgados y con la Policía).

         El segundo, algo tan SENCILLO y que lleva implantado en nuestro entorno AÑOS como los acuerdos antes durante la instrucción, algo que se empezó a implementar, a medias y con timidez, con los juicios rápidos e inmediatos: si acusación y defensa están de acuerdo, deberían poder evitar el juicio oral ANTES de que se celebre. Con eso se iban a quitar de en medio el 70% de causas sin molestias y ahorrando tiempo a la Administración de Justicia y al resto de partes (testigos, policías, etc).