viernes, 14 de agosto de 2015

El ministro, el ex-ministro, el postureo y la ley


       En un escandalazo sin precedentes, un ministro del Interior que tiene cierta tendencia a meter la patita cada vez que habla —o que hace algo—, se ha reunido, en la sede del Ministerio, con Rodrigo Rato, otrora prez de la economía y vicepresidente de Aznar y hoy caído en desgracia al descubrírsele varias investigaciones por seria corrupción —y eso a pesar de haberse acogido a la "amnistía fiscal" que se inventó el PP tras criticársela al PSOE—.

         Fernández Díaz ha dado explicaciones contradictorias sobre por qué demonios cometió esa torpeza, en las que afirma, como es obvio, que no ha cometido delito alguno. De hecho, reunirse incluso con el mayor de los criminales de la Historia no lo sería. Otra cosa es que sea una imagen adecuada para un gobierno agonizante que intenta legitimarse como sea para frenar la anunciada debacle de las próximas elecciones. Mi opinión personal es que no es más que otro gesto de caciquismo, como tantos otros a los que nos tiene acostumbrado un Ejecutivo tan autoritario como incapaz.
         De resultas de todo esto, el PSOE se ha apresurado a presentar una denuncia contra el ministro por "omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y revelación de secretos". Éste no ha tardado en contraatacar y avisa que denunciará a su vez a los socialistas por "injurias, calumnias y denuncia falsa". Ya está montado el sarao.
         El derecho, no obstante, va por otras vías y, aunque yo no soy jurista, sino un humilde policía judicial, creo saber lo suficiente para explicar por qué no va a pasar nada en uno u otro sentido. Y no, no tiene nada que ver con que el Fiscal General del Estado deba obediencia al ministro de Justicia que, fíjate tú qué cosas, es parte del mismo gobierno que el de Interior. No hace falta ni eso.
         La ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todo aquel que conozca un delito debe denunciarlo de forma inmediata. No es necesario presentar pruebas, solo tener la sospecha de que se ha cometido. Los jueces y policías se encargarán de investigar si es cierto o no. Y bueno... indicios racionales de que la cosa no está muy clara los hay: el ministro que manda a aquellos que investigan a Rato se ha reunido con Rato. En fin. ¿Puede prosperar la denuncia? No, no puede. Las investigaciones penales son cosas de hechos, no de suposiciones... y de la reunión de dos personas en un despacho, a puerta cerrada, poco se va a poder saber. Salvo que Rato publique secretos que le haya pasado Fernández o la Guardia Civil reciba órdenes concretas de no investigarle, algo que sería ya ilegal por sí mismo.
         Del mismo modo, la contradenuncia tiene las mismas pocas posibilidades: una denuncia falsa es aquella que se pone con temerario desprecio de la verdad o a sabiendas de que lo que se dice no ha ocurrido. Es obvio que, igual que no se puede saber lo que se habló en dicha reunión, se puede suponer, dadas las posiciones de ambos —investigador e imputado—, que muy limpio no fue aunque, como he dicho, nada es demostrable.
         Las injurias tienen aún menos base. El ministro debería saber, por un lado, que solo son injurias, como en el caso anterior, las que se hacen con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Por otro, debería saber que los diputados son inviolables. ¿Qué quiere decir? Que pueden decir las mayores barbaridades en el ejercicio de sus funciones sin que se les pueda hacer reproche penal alguno. Es decir, son irresponsables, aunque fuera del derecho esa acepción tenga otros significados que parece que también se les podría aplicar a unos cuantos.

         Así, pues, todo esto no es más que un paripé, un postureo sin más sentido que marcar posiciones y desgastar al contrario con vistas a la cita con las urnas. Lo peor de todo es que el ministro ha puesto a trabajar a funcionarios en la contradenuncia, es decir, usar recursos públicos para dirimir un asunto tan privado como su amistad con Rato. Otra mácula más en uno de los peores políticos que ha dado este país —y mira que hay para elegir—.

sábado, 8 de agosto de 2015

La policía y "el pueblo"

         En periodos convulsos o simplemente cuando hay una manifestación o huelga por cualquier motivo, las redes sociales suelen llamarse de un clamor para que la policía "se olvide de los poderosos y ayude al pueblo". Me he preguntado muchas veces si están seguros de lo que quieren decir. Si se ahonda un poquito en el significado de esa afirmación, enseguida nos encontramos con pegas, con complicaciones. Y lo sé, a la mayoría de personas les gustan las respuestas simples a cuestiones complejas y, por tanto, optan por la falacia en vez de por la verdad. Este sábado me he decidido a sentar delante del teclado y a poner por escrito estas reflexiones:
         Un país de cuarenta y seis millones de habitantes es un ente muy complicado, cuya legislación ha evolucionado a lo largo de los siglos. La manera de regirse no es accidental: su cuerpo normativo, a través del método de ensayo y error ha ido viendo qué funcionaba mejor y qué peor y, con sus imperfecciones, ha de ser justo en mayor medida que no serlo, puesto que una injusticia mantenida en el tiempo desemboca en una revolución. Por supuesto, la sociedad evoluciona y las leyes también, porque las necesidades cambian y hay que cubrir cada nuevo aspecto. Por tanto, tenemos un montón de normas obligatorias que cubren casi todos los aspectos que deben ser cubiertos, desde si es adecuado o no ir desnudo por la calle hasta qué hacer si alguien asesina a otra persona. Los poderes públicos, entre ellos la policía, están obligados a cumplir todas esas normas. Es lo que se llama "Estado de Derecho", donde nada —idealmente— está por encima de la Ley.
         Por otro lado está "el pueblo". Es un concepto difuso en la mayor parte de las ocasiones. En puridad, es el conjunto de todos los habitantes de un país, incluyendo a los millonarios, los políticos y los nueve millones de personas que votan al PP. Ese concepto no suele ser entendido por los manifestantes, en parte enardecidos por la masa —el ser humano no se comporta de la misma manera en solitario que cuando forma parte de un grupo— y en parte porque todo el mundo tiende a rodearse de otros que piensan como él y, por esa falta de contraste, acaban por pensar que la totalidad de españoles tienen su mismo ideario, una de las grandes falacias que cuesta descubrir. Así, pues, "el pueblo" no es quien se manifiesta, ni todos los que están de acuerdo con ello: lo forman todos esos y además los que piensan y defienden justo lo contrario. Es cada uno de los que viven en España.
         Cuando una manifestación degenera en violencia, los que la llevan a cabo son apenas unos cientos de personas en el mejor de los casos. Los más de los ciudadanos que han ejercido su derecho a hacerse oír ni siquiera han estado en contacto con ellos. Por ello, es comprensible que, sobre el terreno, la gente se indigne y acuse a la policía de ello: carecen de la información suficiente. Lo que ya no es tan edificante es que ciertos medios informativos rehúsen buscar la verdad a cambio de unos buenos titulares y que cada habitante que protesta no se moleste antes en investigar. Internet está lleno de fuentes en las que se puede ver la realidad y luego que cada uno decida.
         Cuando se inicia el vandalismo contra un restaurante de comida rápida, ¿acaso no debe la policía intervenir? Si son los agentes los atacados, a menudo aguantan lo indecible —yo siempre lo digo: no valdría para la UIP, aguantar horas y horas bajo una lluvia de piedra, huevos y pintura sin poder actuar hasta que no lleguen órdenes "de arriba"—. Y eso teniendo en cuenta que todo español tiene derecho a defenderse si es injustamente atacado. La heroicidad de los antidisturbios es algo que solo comprende quien se ha puesto en una manifestación detrás de ellos y ha visto un ápice de lo que les ocurre.

         Es habitual en esas situaciones que se diga "la Policía debe unirse al pueblo". Para ello suelen poner una foto de Alemania, donde los uniformados, con los cascos en el cinto, van delante y a los lados de la marcha. Quien lo afirma, una vez más, no se ha molestado en aprender lo más mínimo. Lo que está haciendo es, tan solo, proteger el desarrollo del acto con un despliegue habitual cuando no hay amenazas inminentes. Si las hay, los germanos son mucho más drásticos que aquí y, como muestra, un botón:

         Yo me pregunto, por tanto, qué es "unirse al pueblo". ¿Acaso no es "pueblo" el que está cenando o trabajando en McDonalds? ¿No lo es laseñora que necesita cobrar el alquiler de su inquilino moroso para poder llegara fin de mes, porque es viuda y cobra apenas 300 euros de pensión?
         Además, queda una gran pregunta: si quien tiene que garantizar el cumplimiento de la Ley no solo no lo hace, sino que la empieza a infringir, ¿dónde está el límite? ¿Permitimos que se robe, pero solo bancos? ¿Y por qué bancos y no otros negocios? ¿Y cuando el tendero le vuele la cabeza con la escopeta al cuarto ladrón de la semana? ¿Lo detenemos? ¿O permitimos también el asesinato? Ya puestos, si todos roban ¿por qué la policía no, que está mejor equipada?
         Como podéis ver, eso no puede ser: las normas deben ser cumplidas escrupulosamente por los agentes o todo se va a la mierda con una velocidad de vértigo.
          Otra afirmación habitual es la de "no perseguir a los políticos, que son los verdaderos culpables". Es una falacia que se cae por su propio peso. En primer lugar "los políticos" es algo tan genérico como "los bomberos", "los maestros" o "los aficionados al fútbol": hay que discriminar y actuar cuando se detecta el delito... y las pruebas están ahí: Gürtel, Púnica, ERE, Malaya, Nóos... Caen de todos los signos y en todas las situaciones, algo que la sociedad conoce, como es obvio. Muchos no están en prisión preventiva —es decir, ANTES del juicio—, como tampoco lo están la mayor parte de delincuentes, salvo aquellos que han cometido delitos contra las personas. Es normal: hasta después de que una sentencia los condene, son inocentes a todos los efectos y tener en prisión a alguien que un juez no ha declarado culpable es una medida excepcional. Y así debe serlo.
         Porque la policía SIEMPRE está al lado "del pueblo". Porque es su obligación. Los agentes no son psicópatas: conviven cada día con lo más desfavorecido de la sociedad y a menudo les desgarra el corazón no poder ayudar más. Muchos pagan de su bolsillo un bocadillo, un billete de tren o una bufanda a alguien que está al límite de su aguante. Algo que nadie les va a devolver, pero llegar a casa con la conciencia tranquila no tiene precio.

         ¿Quien decir esto que todo es perfecto? ¡No! ¡Hay mucho que cambiar! Hay leyes injustas, hay situaciones no contempladas... La corrupción tiene poca persecución penal y, en general, los delitos contra la propiedad. Por contra, aquellos contra las personas tienen unas penas muy duras. Es un modelo que nos hemos dado y que nos da uno de los ratios más bajos de homicidios por motivos pecuniarios de todo el mundo. A cambio, la impunidad de ciertos delincuentes es casi absoluta. Como veis, ni esto es sencillo de cambiar, puesto que todo acto trae una consecuencia.
         Por último, os dejo una canción que viene al hilo... y la escribieron los Beatles. Os la resumo, por si alguno no va fuerte en inglés: sí, hay que cambiar las cosas, pero no te arrogues la suprema sabiduría: quizá no tengas tanta razón como piensas.