El
Congreso ha aprobado una reforma de la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal
(es de 1882). En ella introduce apartados muy necesarios para la investigación
de delitos a través de Internet que serán muy bienvenidos.
Lo
preocupante es que, al mismo tiempo, los políticos han añadido una serie de
artículos para protegerse de las investigaciones contra la corrupción. Uno de
ellos es cuestión de semántica: el cambio de la palabra "imputado"
por "investigado", para evitar el desprestigio que dicho término
causa a los corruptos. En dos meses, el menoscabo de la una habrá pasado a la
otra y todo seguirá igual.
Más
grave es el recorte de los plazos. Cansados de que los juzgados tengan tiempo
para investigar y que ello saque los trapos sucios de los partidos y de los que
los componen, han reducido el tiempo que tiene un juez a seis meses para
investigar una causa sencilla y al triple para una compleja. Este tiempo se
puede prorrogar por otro de igual duración si lo proponen alguna de las partes
(fiscal, acusación, abogado...), pero no el propio juez de instrucción. Aquí
tenemos dos piedras en una: algunas pruebas tardan más de ese periodo y, de
paso, si por motivo de plazos una solicitud de prórroga no llega a tiempo, todo
el asunto se cerrará y los corruptos podrán irse a casita incólumes.
En
su afán de protegerse (de evitar nuevas Púnicas,
Gúrtels o EREs) han olvidado los daños colaterales que van a causar:
cualquier investigación contra la pederastia online (y de la mayoría de delitos
tecnológicos) dura más de seis meses y, a menudo, de dieciocho. Cada vez que se
piden mandamientos, necesarios en España —al contrario que en la mayoría de
nuestro entorno— para conocer el titular de una IP, pasan semanas hasta que el
Juzgado puede responder (están saturados de trabajo) y, a veces, meses hasta
que la operadora en cuestión responde.
No
solo eso: cada investigación da lugar a un registro domiciliario o más y el
análisis del material encontrado, si se quiere hacer bien, puede tardar seis o
siete meses, eso dedicando personal en exclusiva y contando que no haya
demasiados discos duros.
Si
del análisis de ese material, como es habitual, se desprende en hallazgo de nuevos
abusadores de niños, va a ser imposible enjuiciarlos. ¿Realmente es eso lo que
querían conseguir?
La
solución a la lentitud de la Justicia en España va por otro lado. El primero,
dotar de MEDIOS adecuados, tanto humanos como materiales (que todo se haga
mediante papel, fax y telegramas es inconcebible: debería estar informatizada
cada conexión entre juzgados y con la Policía).
El
segundo, algo tan SENCILLO y que lleva implantado en nuestro entorno AÑOS como
los acuerdos antes durante la instrucción, algo que se empezó a implementar, a
medias y con timidez, con los juicios rápidos e inmediatos: si acusación y
defensa están de acuerdo, deberían poder evitar el juicio oral ANTES de que se
celebre. Con eso se iban a quitar de en medio el 70% de causas sin molestias y
ahorrando tiempo a la Administración de Justicia y al resto de partes
(testigos, policías, etc).
