En
un escandalazo sin precedentes, un ministro del Interior que tiene cierta
tendencia a meter la patita cada vez que habla —o que hace algo—, se ha reunido,
en la sede del Ministerio, con Rodrigo Rato, otrora prez de la economía y
vicepresidente de Aznar y hoy caído en desgracia al descubrírsele varias
investigaciones por seria corrupción —y eso a pesar de haberse acogido a la
"amnistía fiscal" que se inventó el PP tras criticársela al PSOE—.
Fernández
Díaz ha dado explicaciones contradictorias sobre por qué demonios cometió esa
torpeza, en las que afirma, como es obvio, que no ha cometido delito alguno. De
hecho, reunirse incluso con el mayor de los criminales de la Historia no lo
sería. Otra cosa es que sea una imagen adecuada para un gobierno agonizante que
intenta legitimarse como sea para frenar la anunciada debacle de las próximas elecciones. Mi opinión personal es que no
es más que otro gesto de caciquismo, como tantos otros a los que nos tiene
acostumbrado un Ejecutivo tan autoritario como incapaz.
De
resultas de todo esto, el PSOE se ha apresurado a presentar una denuncia contra
el ministro por "omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y
revelación de secretos". Éste no ha tardado en contraatacar y avisa que
denunciará a su vez a los socialistas por "injurias, calumnias y denuncia
falsa". Ya está montado el sarao.
El
derecho, no obstante, va por otras vías y, aunque yo no soy jurista, sino un
humilde policía judicial, creo saber lo suficiente para explicar por qué no va
a pasar nada en uno u otro sentido. Y no, no tiene nada que ver con que el
Fiscal General del Estado deba obediencia al ministro de Justicia que, fíjate
tú qué cosas, es parte del mismo gobierno que el de Interior. No hace falta ni
eso.
La
ley de Enjuiciamiento Criminal dice que todo aquel que conozca un delito debe
denunciarlo de forma inmediata. No es necesario presentar pruebas, solo tener
la sospecha de que se ha cometido. Los jueces y policías se encargarán de
investigar si es cierto o no. Y bueno... indicios racionales de que la cosa no
está muy clara los hay: el ministro que manda a aquellos que investigan a Rato
se ha reunido con Rato. En fin. ¿Puede prosperar la denuncia? No, no puede. Las
investigaciones penales son cosas de hechos, no de suposiciones... y de la
reunión de dos personas en un despacho, a puerta cerrada, poco se va a poder
saber. Salvo que Rato publique secretos que le haya pasado Fernández o la
Guardia Civil reciba órdenes concretas de no investigarle, algo que sería ya
ilegal por sí mismo.
Del
mismo modo, la contradenuncia tiene las
mismas pocas posibilidades: una denuncia falsa es aquella que se pone con
temerario desprecio de la verdad o a sabiendas de que lo que se dice no ha
ocurrido. Es obvio que, igual que no se puede saber lo que se habló en dicha
reunión, se puede suponer, dadas las posiciones de ambos —investigador e
imputado—, que muy limpio no fue aunque, como he dicho, nada es demostrable.
Las
injurias tienen aún menos base. El ministro debería saber, por un lado, que
solo son injurias, como en el caso anterior, las que se hacen con conocimiento
de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Por otro, debería saber
que los diputados son inviolables.
¿Qué quiere decir? Que pueden decir las mayores barbaridades en el ejercicio de
sus funciones sin que se les pueda hacer reproche penal alguno. Es decir, son irresponsables, aunque fuera del derecho
esa acepción tenga otros significados que parece que también se les podría
aplicar a unos cuantos.
Así,
pues, todo esto no es más que un paripé, un postureo
sin más sentido que marcar posiciones y desgastar al contrario con vistas a la
cita con las urnas. Lo peor de todo es que el ministro ha puesto a trabajar a
funcionarios en la contradenuncia, es
decir, usar recursos públicos para dirimir un asunto tan privado como su
amistad con Rato. Otra mácula más en uno de los peores políticos que ha dado
este país —y mira que hay para elegir—.
No hay comentarios:
Publicar un comentario